Universidad y Violencia Sexual

di A.L. MUÑOZ, L. FOLLEGATI y S. DEL VALLE.

Riprendiamo un intervento collettivo sulle ⇒ lotte femministe nelle università cilene pubblicato su ⇒ El Mostrador dell’11 maggio scorso. In appendice, pubblichiamo il manifesto contro la Declaratión di Camila Rojas Valderrama, deputata di Izquierda Autónoma – Frente Amplio: No buscamos una universidad más neoliberal con perspectiva de género. Buscamos transformar la educación.

Hablar de violencia sexual en los espacios universitarios se ha vuelto una temática no sólo común sino que también fundamental y prioritaria en la academia. Durante los últimos años ha habido una proliferación de denuncias de violencia contra las mujeres en las universidades, en particular mediante el ejercicio de acoso y abuso sexual o acoso por razones de género. Ello ha sido motivado principalmente por las estudiantes, quienes han articulado demandas en contra de estas prácticas y han introducido el movimiento feminista a las universidades, con la finalidad de transformar el sistema universitario mismo.

Las estudiantes, a quienes se han unido las trabajadoras académicas y no académicas, ante esta manifestación de la violencia estructural que vivimos las mujeres, han comenzado a organizarse en Vocalías y Secretarías de Género. Con ello, han posicionado un tema y una necesidad fundamental: erradicar la violencia contra las mujeres y de género de los espacios educativos. Así, las instituciones se han visto obligadas a contemplar la creación de unidades y departamentos dentro de su propia orgánica institucional para enfrentar la desigualdad y violencia de género y a promulgar, ante la inexistencia de procedimientos específicos en sus reglamentaciones, protocolos de actuación para enfrentar el acoso y el abuso sexual.

En la actualidad, sin embargo, esta incipiente respuesta ha sido insuficiente, y nos encontramos con que el proceso de movilización de las estudiantes ha llegado a un punto neurálgico en la visibilización del acoso y el abuso. Justamente en una semana rodeada de hechos de violencia contra mujeres y niñas en todos espacios públicos privados, a nivel nacional, muchas facultades están paralizando y algunas se hallan en toma, como medidas últimas frente a una serie de acciones previas -asambleas de mujeres, manifestaciones y declaraciones- respecto de las que la institucionalidad no ha respondido adecuadamente, o simplemente no ha dado abasto en relación a los plazos y procedimientos establecidos.

El problema principal radica en que las instituciones de educación superior, en su mayoría, no se hacen cargo de la violencia de género como un fenómeno estructural y la respuesta frente a temas de acoso o abuso sexual en las universidades han sido lentas e insuficientes. Si bien un pequeño número de universidades (menos de 10) cuenta con protocolos de acoso sexual, estos tienen definiciones ambiguas y limitadas, no presentan políticas preventivas y desconocen las relaciones de poder entretejidas en las situaciones de acoso sexual.

En el área de las políticas una definición clara es fundamental para las víctimas y para las autoridades que deben tomar decisiones frente a una denuncia. En el caso de los protocolos de las universidades chilenas, la mayoría de ellas se reduce a “favores o requerimientos sexuales no deseados.” Lo anterior, no hace explícita la sanción a conductas tales como bromas ofensivas o acercamientos corporales que pueden ser considerados de acoso. Por otro lado, en ningún protocolo se explicita políticas de prevención claras que manifiesten la responsabilidad de la institución más allá del individuo. Este es un punto importante, dado que la discusión internacional manifiesta que localizar la responsabilidad solo en el individuo oscurece la necesidad de las instituciones de entender cómo se reproducen injusticias e inequidades de género y prácticas sexistas al interior de las universidades. Por último, los protocolos, salvo honrosas excepciones, en general han omitido los temas de poder entretejidos en las situaciones de acoso sexual. Lo anterior, evita pensar la vulnerabilidad como un tema relevante en los espacios académicos que nos permite comprender cómo opera el abuso de poder en sus múltiples formas pero además tomar acciones de cómo se puede prevenir y disminuir el acoso y abuso sexual.

De las experiencias vividas, incluso de los traumas provocados, en diversas universidades hemos aprendido que la respuesta institucional, no sólo de cada universidad sino también del sistema educativo en su conjunto, requiere abordar el problema de la violencia contra las mujeres como lo que en definitiva es: parte del continuo de violencia que vivimos en todas las edades, desde la niñez a la vejez, y en todos los espacios, sean públicos o privados. Esta consideración permitirá que lo que hoy las estudiantes problematizan se abordado de manera integral, instaurando una verdadera política de género en los espacios y contextos académicos. Para ello, es fundamental incrementar la unidad entre los distintos estamentos universitarios; que en ello los varones reconozcan que las desigualdades estructurales de la sociedad se replican en el contexto universitario, beneficiándolos injustamente, incluso muchas perjudicando sus propios trabajo y deseos; y que las mujeres continuemos articulando unidad para la transformación de la estructura misma universitaria.

Finalmente, las acciones del último tiempo y las reflexiones que los espacios feministas han propiciado ya desde 2011 nos plantean la causa y solución al problema de la violencia machista en las universidades. Por una parte, hoy tenemos claro que el problema no responde solamente a situaciones puntuales, sino que apunta más bien a una problemática mayor y parte de la cultura patriarcal misma: la educación chilena es sexista. De otro lado, ante este diagnóstico, el propio movimiento de estudiantes y mujeres feministas desde distintos frentes nos proponen que la solución va más allá de la creación de secretarías, departamentos o unidades y la instauración de protocolos.

En efecto, nos proponen que la erradicación del sexismo y su violencia involucra transformar todo aspecto cultural en que se producen y reproducen los roles de género, y las situaciones y jerarquías de poder que posicionan a las mujeres en una condición de subordinación. En el espacio académico, esta transformación requiere medidas de corto y largo plazo, como la incorporación de mujeres al claustro; el fin de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, el cese de la reproducción de la división sexual del trabajo en los roles universitarios que reduce a las mujeres a posiciones de servicio y a los varones, cuestión que también en realidad los reduce, a posiciones de liderazgo; la incorporación de planes y programas que incentive la creación y promoción del conocimiento femenino; y, en definitiva, la desnaturalización de la violencia contra las mujeres y quienes se identifican fuera de la heteronorma. Estamos convencidas que estas medidas de transformación de la cultura universitaria, que sólo pueden conseguirse mediante la organización de las comunidades académicas, beneficiarán a todos y todas quienes estudian y trabajan en universidades, permitiendo que tanto en la formación de profesionales como en la creación de ciencia y tecnología las universidades otorguen al país un servicio más humano y acorde con los tiempos.

*   *   *   *   *

No buscamos una universidad más neoliberal con perspectiva de género. Buscamos transformar la educación.

Estamos ante un movimiento de trascendencia histórica. Se levantan en nuestro país, en diversas universidades, asambleas, paros y tomas feministas, configurando formas de acción colectiva que hace pocos años atrás no eran siquiera imaginables y que hoy irrumpen en el escenario público para impugnar los cimientos patriarcales y androcéntricos de las instituciones universitarias.

Este nuevo ciclo de movilizaciones, que se inicia por denuncias de acoso sexual y por la insuficiencia de los protocolos y normativas existentes, abre una inédita posibilidad de poner en cuestión el sistema de educación superior en su conjunto, en tanto la violencia machista y la reproducción de las desigualdades de género denunciadas, están estrechamente imbricadas con el carácter antidemocrático y mercantil de las instituciones educativas.

Sabemos que la violencia de género es grande y compleja y que atraviesa todas las esferas de nuestra vida. Por ello, transformar esta dimensión en las universidades implica transformar estructuralmente la educación, minando las bases del sexismo que reproduce, en las instituciones educativas, la división sexual del trabajo, reforzando la asociación de razón, poder y éxito en el mercado con lo masculino y de emocionalidad, subordinación natural y precarización con lo femenino. En este sentido, no es para nada casual que usemos la frase “casa de estudios” para nombrar las universidades, si vemos cómo estas replican los roles de género, constituyendo así una extensión de la casa heteropatriarcal en la esfera de la educación formal.

La lucha contra el patriarcado y contra la reproducción de los roles de género es también una lucha contra la educación de mercado, pues las carreras feminizadas, asociadas a las labores de cuidado, crianza y empatía, son precisamente las más precarizadas, mientras que las carreras típicamente masculinas son las más valoradas socialmente, las más exitosas en el mercado y las que cuentan con mayores recursos. Esto sigue reforzando la reproducción de los roles de género y perpetúa la violencia hacia los cuerpos feminizados. El feminismo, precisamente, invita a impugnar esa reproducción y a entender que no podemos luchar en contra del patriarcado en la educación sin luchar en contra del mercado que refuerza las asimetrías de género y que orienta las instituciones educativas.

Pensar la educación feminista significa pensar la democracia, la libertad y la igualdad. Ideales que no son sinónimo de empoderamiento individual y meritocracia, sustentada en privilegios socioculturales y que tampoco pueden ser procesados mediante la adición cosmética de la “perspectiva de género” en cursos, programas de perfeccionamiento o formación contínua, capacitaciones u otros mecanismos propios de la administración universitaria neoliberal. Una educación feminista significa transformación desde la raíz, abarcando el orden jurídico (cambio de estatutos desde una ordenación feminista), igualdad sustantiva (procedimientos de paridad, igualdad de salarios, etc.), perspectiva teórica feminista para el cuestionamiento general del concepto de educación y de universidad, desde las disciplinas hasta las jerarquías. La educación feminista significa también retomar las históricas banderas de la lucha por la educación pública e insistir en la educación como un derecho social y en la necesidad de financiamiento directo a las universidades públicas, para poder materializar un proyecto educativo transformador y garantizar condiciones de dignidad e igualdad laboral para académicas/os y funcionarias/os, porque el feminismo impugna también la precarización del trabajo.

El feminismo pone en cuestión las jerarquías, los privilegios y las desigualdades, pues precisamente las asimetrías de poder y el carácter estamental en los espacios sociales generan condiciones propicias para el abuso y para su naturalización. En ese sentido, la democratización de las instituciones educativas y el trabajo triestamental son condiciones de posibilidad para llevar adelante la transformación de nuestras universidades desde una perspectiva feminista.

Las movilizaciones estudiantiles que han estallado son una rebelión contra la injusticia que imponen los mandatos del género en el neoliberalismo. Por tanto, la recuperación de la educación pública de la captura del mercado sexista no pasa por tener una universidad más neoliberal con “perspectiva de género”, sino por derribar las bases de la educación mercantil-sexista para construir desde el feminismo una nueva educación pública.

Saludamos y apoyamos con entusiasmo a las estudiantes que han levantado este movimiento y como diputada feminista, profesoras universitarias, escritoras e intelectuales hacemos un llamado a asumir un rol activo en esta movilización, organizándonos, creando espacios de discusión y articulándonos en una alianza feminista amplia, que siente las bases de un nuevo pacto social por una nueva educación pública, democrática y feminista.

clicca qui per leggere le prime 80 adesioni