Derechos de plastico

por VERÓNICA GAGO. [traduzione in italiano qui]

El cambio de escenario es brutal y veloz. Ya no se habla de paritarias sino de mantener el empleo. De fantasear con un Ministerio de Economía Popular pasamos a marchar contra el ajuste y los despidos. En apenas unos meses, el gobierno del PRO logró reconfigurar el escenario del trabajo, empujar de una manera inesperada el mapa de alianzas sindicales, hacer de las reincorporaciones un marco perverso de negociación y evidenciar que la precarización es capaz de una serie de matices casi infinita. Mientras, se pronostica en muchos barrios que la economía informal, popular, multiforme, va a ser a la vez la que más crezca y la que más sufra. Ese engorde será proporcional, apuestan algunos referentes, a la inflación y el enfriamiento de la economía. Sin embargo, lo que parece funcionar como colchón a la restricción del consumo que ya se siente por muchos lados es un fortalecimiento de los segmentos más sumergidos, ilegales y desregulados que supieron combinarse con las economías informales como modo de hacerlas prosperar, autonomizarse y aguantar –también antes– la pérdida de poder de compra de los subsidios y el modo en que estos fueron a la vez combustible de endeudamiento popular.
Todo el tinglado precario de planes sociales y contrataciones (públicas y privadas) se desmoronará a distintas velocidades sobre ellas: hacia adentro (la parte formal de la economía informal, como se le llama a las cooperativas, con negociaciones oscilantes) y hacia fuera (la parte más violenta con que se conecta la informalidad: transas, aprietes y pelea por los negocios inmobiliarios)

I
El directorio del Banco Central, presidido por Federico Sturzenegger, convirtió hace unas semanas en tarjeta de débito a los plásticos mediante los cuales se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y planes o programas de ayuda social. Es la medida que está por detrás de la extensión del beneficio a monotributistas de bajos ingresos y también es el medio concreto por el cual se hace operativa la devolución del IVA de la canasta básica para la población beneficiaria. Esa devolución de IVA, claro está, se hace “en la medida que las compras se hagan con tarjeta de débito de las cuentas en las que se acreditan beneficios laborales, asistenciales o de seguridad social”, pero el reintegro se hace en función del saldo “independientemente del origen de las acreditaciones” (Resolución de Directorio N° 165). Los efectos de fondo de esa modificación –impulsada desde ANSES-, según los argumentos del propio Sturzenegger, corresponden a una idea más estricta y radicalizada de extender la “inclusión financiera” para los sectores populares. La argumentación oral se quiere radical: ¿por qué una cuenta AUH no debiera permitir a sus beneficiarios usar y contratar otros servicios financieros? De este modo, se trata de convertir a los beneficiarios (un término que remite a cierta idea pasiva) a la más afín y dinámica de la nueva época: clientes. Para eso se legisló de modo tal de habilitar a las cajas de ahorro por las cuales se cobran los planes sociales para que en ellas se puedan depositar fondos de otras proveniencias (con un límite del importe de dos salarios mínimos por mes) y para que se adhieran a pagos automáticos (esto sí sin límites de ningún tipo). Se quiere dar lugar así a una bancarización stricto sensu. Expandiendo y completando ese proceso que se inició hace ya varios años por medio de la bancarización compulsiva de los beneficios sociales, se escribe un nuevo capítulo que conecta financierización y derechos. Esto significa que los derechos sociales son mediados por instrumentos financieros que, por supuesto, nunca son gratis. Las finanzas exhiben así su capacidad constitucionalizante: es decir, de producir derecho y anudar, de un modo que antes era insospechado, inclusión social y negocio financiero, consagrando nuevas modalidades de explotación que no dejan a nadie afuera.

¿Qué implica que alguien que cobra 966 pesos por AUH –según el último aumento- pueda en esa misma cuenta ingresar otros fondos? En primer lugar, permite la extracción de dinero en cualquier cajero pero también “el retiro en efectivo en los comercios adheridos”. Fiesta de intereses, se escucha detrás de bambalinas. En segundo lugar, esas cuentas que estaban exentas de chequeo del origen del sus fondos (mientras reciben sólo dinero del estado, se supone que es dinero en blanco y por tanto operan bajo un “régimen simplificado” de control), ahora podrían entrar en colisión con otras normativas ya que se desconocería el origen de los fondos. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, la modificación no tuvo observaciones legales.

Así, esas miles de cuentas podrían convertirse en canales de blanqueo para ingresos provenientes de las llamadas economías informales, populares, algunas al borde de lo ilegal en ciertos tramos de circuitos extensos, todas en un tembladeral de rebusques que se calientan y aceleran mientras suben los precios. Y de este modo, tendrían la chance de ingresar ahora al sistema financiero bancario flujos de pesos que provienen de los miles de empleos, emprendimientos, changas y negocios de diversa escala de ese famoso y cada vez más citado 40% de la economía “en negro” que hoy hace a uno de los puntos más sensibles del mapa político y económico de Argentina.

Sin embargo, el volumen de montos a ingresar no es el tema principal, aunque podría devenir una herramienta siempre a mano de criminalización del eslabón más débil (sería más fácil mostrar su incompatibilidad con la legislación anti-lavado que la de una gran empresa). Lo más innovador es que el sistema financiero consigue sangre nueva: se alimentará de un flujo de trabajo producido en condiciones completamente precarias en términos de sus formas y temporalidades, dinámicas en su capacidad de articulación territorial y desiguales en términos tributarios y de ingresos. Por eso no es tan importante controlar de donde vengan los fondos, sino que se les pueda sacar provecho por los bancos y todas las organizaciones financieras no bancarias en las que ellos se desdoblan.

II
Buena parte de los despidos que se dieron al interior del Ministerio de Trabajo tienen que ver con programas que, de algún modo, intentaban una conversión o al menos un tipo de contacto entre población vinculada a planes sociales y nuevas y flexibles formas de empleo: distintos subsidios destinados a cooperativas y emprendimientos, al empleo joven o a pasar de la noción de pasantía a “entrenamiento laboral”(así está denunciado en el reciente informe gremial de la Junta de Ate “El Estado del Trabajo”). De boca del actual Secretario de Empleo, Miguel Angel Ponte, ex directivo de Techint, salió la propuesta de cambiar la noción de “trabajo decente” (ya bastante polívoca pero que condensaba una polémica sorda con la de “trabajo digno” que supo embanderar a los movimientos piqueteros) por la de “personalización laboral”. Se trata de una idea que evoca todos los clichés neoliberales –cada quien realiza sus mejores competencias- y que quiere sacarse de encima y de un plumazo toda idea de que el trabajador pertenecería a algún tipo de colectivo social (uno bastante particular, diría Marx). Entonces, ya no se habla de trabajadores sino de personal y esa personalización incluye la idea de que el trabajo se puede “customizar” (sic) a medida de cada quien. Esa idea lanzada en reuniones de equipo, aún si permanece vaporosa, se complementa con una descripción de las tres economías con las que hay que lidiar: la ordinaria o economía blanca, la economía social (“los choriplaneros” es la definición técnica) y la economía de base, compuesta por quienes no pueden ser beneficiarios de política pública porque “chorrean mierda”. Tal lenguaje se conjuga con el del policy making, pintando un cuadro de lo más desinhibido del pensamiento político que circula entre los funcionarios de más alto rango.
El cambio político y de estrategia en el Ministerio de Trabajo no es sólo cuestión de marketing: expresa una planificación de la población sobrante con especulaciones de un desempleo que llegaría a más del 17% tras los primeros meses de gestión. A modo de lapsus pero como desliz sintomático del nuevo horizonte, en algunas reuniones se nombra sin querer al Ministerio de Agricultura como Ministerio de Agronegocios. En ese tándem –agrobusiness y desocupación– se entiende que José Anchorena (apellido de una línea terrateniente de larga data), director económico de Fundación Pensar y ahora a cargo de la Subsecretaría de la Programación Técnica y de Estudios Laborales, diga a la vez que el “autorreconocimiento indígena” no tiene mucha credibilidad y que debería implementarse algo más cercano a exámenes de ADN para justificar la entrega de subsidios o reconvertirlos a artesanos que puedan vender sus productos por plataforma Etsy, como en Estados Unidos. Ya lo escribió en La Nación debatiendo la ley anti-despidos que re-bautizó como “cepo al trabajo”: “El mercado laboral es un organismo dinámico cuyo gran objetivo es crear oportunidades”.

III
La imagen de un mantero senegalés empujando con furia a un policía de la Metropolitana se viralizó tal vez porque condensaba una acción concreta y decidida frente a una serie de atropellos que encontraron, al menos por ahora, menos resistencia de lo que se imaginaba. El sector de vendedores ambulantes, feriantes y todo el arco de lxs trabajadorxs del sector textil (de las fábricas que cosen para grandes marcas a los talleres textiles llamados clandestinos) se ven ahora chantajeados por una doble pinza: la amenaza patronal de que si no hay auto-ajuste las importaciones de China inundarán el mercado y, por otro, la embestida securitista contra la informalidad por medio de denuncias y llamado social a su represión. Hay miles de cooperativas de costura en todo el país (las máquinas de coser fueron uno de los implementos más entregados de la gestión anterior del Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo) y hoy podrían caer en la denuncia de la gente a de a pie que se promueve desde el conglomerado patronal nacional www.argentinailegal.com (realizando una app que ya anticipó Capusotto). Algunos emprendedores de la economía informal tal vez logren dar el paso y reinventarse como pequeños importadores de prendas de China, haciendo pooles de inversión para comprar containers. Aun así, les será difícil seguir vendiendo al mismo ritmo. Otrxs trabajadores ligados a las economías regionales, de las que depende una mano de obra también sumamente precarizada, muchas veces migrante y vinculada de modo estrecho a eslabones de la economía informal (recolectores de fruta, ladrilleros, yerbateros, etc.) verán también reducida su porción de ingresos. Más aún de lo que podría esperarse porque, según especialistas en el área, durante la década pasada no hubo avances cualitativos a favor de su regulación o de una institucionalidad que hoy funcione verdaderamente de obstáculo. Pero sí que la quita de subsidios –como ya pasa con todo el cordón fruti-hortícola de la zona sur de provincia de Buenos Aires (en este caso los provenientes de la desaparecida Subsecretaría de Agricultura Familiar) – obliga a vender la producción cada vez más barata y a trabajar cada vez más horas para conseguir circuitos alternativos de compras comunitarias directas, las que ya proliferan en varias ciudades del país.

IV
Bajo el nombre de economías populares se intentó pensar la mutación del desempleo a formas de empleo que se mixturaban con los planes sociales, los emprendimientos y el reconocimiento como derecho social de una serie de actividades que emergieron en la crisis de 2001 y luego se consolidaron como estratos importantes para una buena parte de la sociedad. La CTEP incluso se propuso pensar una forma sindical que acompañara ese reconocimiento del nuevo mundo laboral pos-salarial, tratando de ensanchar por abajo la imaginación sindical. Muchas otras organizaciones e iniciativas con trayectorias diversas ya venían organizando estrategias similares. La referencia práctica es un conjunto variopinto de actividades productivas que nunca estuvieron desvinculadas de la llamada economía formal ni funcionaron como un archipiélago de solidaridad. Las finanzas se encargaron de ser el código de articulación más veloz y astuto de esos espacios que, cuando se articulan priorizando identidades políticas, luchan aun por preservarse bajo la lógica de la distinción. Las nuevas políticas financieras, del agrobusiness y de gestión del empleo entienden los códigos de estas interconexiones sin guardar ninguna corrección política. Queda por verse hacia dónde estas economías populares (heterogéneas, intermitentes y cambiantes) se siguen expandiendo. Que van a seguir creciendo, que no caben en la etiqueta de trabajo nacional y que tienen un desafío sobre su capacidad de auto-defensa, es de lo único que podemos estar segurxs.