Por RAÚL SÁNCHEZ CEDILLO[1]

Introducción

En estas semanas se están aclarando los envites políticos de la pandemia del coronavirus, no sólo en el Reino de España, sino en Europa y en el sistema atlántico. Lo que era probable se está confirmando: bajo los diferentes estados de alarma y las medidas de confinamiento, las élites están aprovechando el recurso a la fuerza mayor para imponer sus agendas de acumulación extractiva de capital; para eliminar contrapesos democráticos; para introducir medidas de restricción de la protesta y de ejercicio de un biopoder “soberano” tanto sobre quienes pueden y tratan de conservar su salario volviendo al trabajo, arriesgando su salud y la de los demás, como sobre quienes quedan fuera del acceso a rentas salariales o rentas del trabajo durante la pandemia. El pasado 26 de marzo, el primer G20 virtual acordó inyectar 5 billones de dólares en la economía mundial y no faltó, a modo de talismán, un “whatever it takes to overcome the pandemic”. A la espera de sus concreciones en términos de políticas financieras y fiscales, en el horizonte vemos cómo se configura una nueva acumulación primitiva capitalista, un proceso de extracción brutal de valor y de poder en la era de la inseguridad ecosistémica. En medio se recrudece, no la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino más bien una disputa hegemónica que se parece más a lo que ya en 1999 los generales chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui denominaron “guerra sin restricciones” y que, en su actualización en 2016, Qiao Ling resumía en el “uso de todos los medios, militares y no militares, letales y no letales, para obligar al enemigo a aceptar los propios intereses”. En medio de las sesiones del Congreso Nacional del Pueblo, el ministro de exteriores Wang Yi habla de que “algunas fuerzas políticas estadounidenses están secuestrando las relaciones chino-estadounidenses”. En esa guerra sin restricciones, el frankenstein europeo lleva todas las de perder o corre el riesgo de ver sus piezas desmembradas para la construcción de una nueva criatura capitalista.

Aquí y allá, esto se llama aprovechar la situación, pero aprovecharla no tiene nada que ver con haberla creado, es decir, con que lo que vivimos sea el fruto de una conspiración. En estos tiempos de incertidumbre para todos no hay nada más pernicioso que un hundimiento paranoico de nuestra percepción de lo que pasa y de sus consecuencias, entre otros motivos porque ello nos impide detectar las ambivalencias de la situación y descubrir las vulnerabilidades del dominio neoliberal en esta crisis capitalista, enésima pero inaudita. Lo que está sucediendo corresponde a todas luces un proceso de caos ecosistémico y, por lo tanto, a un proceso cuyas evoluciones ninguna agencia calculadora puede prever en el corto plazo. Sin embargo, también en medio del caos ecosistémico, cuando no son posibles las predicciones aproximadas, la función de los actos predictivos consiste en orientar el caos y en influir sobre las acciones posibles de los demás actores. La predicción es un acto performativo que busca una selección favorable de los procesos caóticos en curso. La predicción política es inseparable de la creencia, de la hipótesis parcial de la que se parte, tanto para las agencias del capital como para los movimientos antisistémicos. Hace tiempo que sabemos que las buenas predicciones políticas nos dicen no lo verdadero o lo falso, sino lo que nos ayuda a encontrar el camino. Nos dicen lo que necesitamos oír, sin que olvidemos la diferencia entre conocer el camino y hacerlo.

En España, por la misma linde

De este aprovechamiento de la situación, veamos algunos ejemplos. En el Reino de España, las viejas patronales vasca, catalana y española y sus medios de comunicación sobreabundantes protestan por la prolongación del confinamiento de su mano de obra, fundamentalmente en la construcción, la hostelería, el turismo y en menor medida en la industria. Al poco tiempo, el gobierno Sánchez cede y relaja las medidas de confinamiento. Qué más da que las empresas del IBEX tengan la salvación garantizada por las líneas de dinero gratis del BCE, del BEI, del recién creado programa europeo SURE para pagar a las empresas el coste de los ERTE y para qué seguir. Entre tanto, la cifra oficial de personas que han perdido su empleo con contrato va acercándose a los cuatro millones y no se conoce con certidumbre cuándo tocará fondo. El número de autónomos y falsos autónomos que han declarado el cese de actividad se estima en un millón de personas. El desplome del PIB español, un 5,2 por cien en el primer trimestre y una estimación optimista de un 9,2 por cien anual, es un anuncio de la situación de chantaje de pobreza, desahucio y malnutrición en la que las clases subalternas tendrán que enfrentarse a las exigencias patronales de la “recuperación”. El Banco de España va por libre y anuncia la necesidad de un enésimo ajuste en cuanto escampe el temporal. En Madrid, el territorio más afectado por la pandemia, son ya unas 100.000 personas las que dependen de los bancos de alimentos, en buena medida autogestionados por colectivos y asociaciones de barrio. Del contrapeso que a este panorama representa Unidas Podemos vamos a hablar más adelante, pero lo mínimo que se puede decir a este respecto es que puede contribuir a que las consecuencias no sean tan devastadoras para las personas más vulnerables y explotadas, pero que resulta completamente insuficiente para cambiar de sentido el proceso de acumulación primitiva de poder y capital que se prepara durante y después de la pandemia.

Nada mejor que considerar el funcionamiento del “derecho de extranjería” para extraer el “núcleo racional” de la lógica patronal: la absoluta necesidad de recoger las cosechas en el agronegocio español pone de manifiesto la absoluta primacía de la ganancia sobre la vida de los trabajadores. Este axioma, que rige sin contrapesos en el campo español desde hace 30 años y que ha construido sistemas de apartheid local, sale a la luz pública debido a la atención hacia todo lo relacionado con la pandemia. El ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz se ve obligada a movilizar la magra plantilla de inspectores de trabajo para paliar las prácticas de esclavismo en el campo: lo que era normal se presenta excepcional. En Italia, la pandemia pone de manifiesto la absoluta necesidad de fuerza de trabajo migrante en la agricultura y conduce a la regularización de 250.000 personas que trabajaban sin papeles como esclavos, en muchos casos en las explotaciones de los patronos de la Liga de Salvini. La realidad de la migración como un problema de control y jerarquización de la explotación y los derechos de las fuerzas del trabajo: ésta es otra verdad desnuda de la lucha de clases que la pandemia saca a la luz.

¿Una Europa de autómatas suicidas?

Había muchas incógnitas sobre la respuesta europea a la peor crisis de su historia hasta la fecha. En la reunión del Eurogrupo del 9 de abril, tras el bloqueo rotundo de los gobiernos alemán, austríaco, finlandés y holandés a la propuesta de los coronabonos (una primera forma de mutualización de las deudas públicas de los países del euro), se terminó cerrando un acuerdo que, tras la jerga tecnocrática y la sopa de siglas de agencias y programas, reintroducía el MEDE, el Mecanismo europeo de estabilidad, es decir, un programa de ajuste estructural para que los Estados deudores estrangulen su gasto social al objeto de pagar los vencimientos de deuda. Dicho de otra manera, una aplicación del tratamiento griego, que de verificarse esta línea podríamos terminar llamando italiano o español. La única salvedad (vendida esta vez como un acuerdo por la larga coalición austeritaria europea, en la que se reconocen los ⅘ del gobierno Sánchez, con Nadia Calviño al frente) es que se permite un falso y breve jubileo, por el que no contará como deuda el crédito empleado en el gasto sanitario o para salvar empresas y financiar ERTEs, pero sólo durante el periodo especial de combate contra la pandemia, que ni siquiera está aún establecido. Tras el cual, las condiciones de financiación serían las de la vieja Troika y el nudo corredizo sobre el gasto social se estrecharía hasta alcanzar un diámetro minúsculo.

De este modo, vamos comprobando que el juego de la gallina continúa funcionando para los gobiernos más fuertes del Eurogrupo, que son los que cuentan con las finanzas más saneadas, los acreedores, los principales ganadores de la crisis de las deudas públicas europeas del 2010-2012, los que mejor pueden aguantar las tormentas financieras que el sistema bancario no va a dejar de desencadenar para echar abajo la deuda pública de los países más vulnerables. Estamos hablando de que esos gobiernos se han impuesto sobre Italia, tercera economía del euro, y España, cuarta, obligando a una retirada táctica a la segunda, Francia.

Mientras tanto, ya sea como automatismo, ya como cooperación programada, los mismos bancos y corporaciones salvadas por los gobiernos, usan los pŕestamos con interés negativo avalados por el BCE para elaborar vehículos de inversión destinados a extraer capital mediante compras de ocasión. Este es el caso de Blackrock, el disfraz de sicario estilo “private equity” que usan los grandes bancos del sistema atlántico para operaciones de shock-and-awe, de conmoción y espanto en los mercados de todo tipo de bienes fundamentales. En lo que atañe al capital con sede española, Blackrock ya se ha hecho con el 4 % de Bankia, y se convierte en el segundo grupo accionista, aunque a mucha distancia del grupo de acciones que maneja el Estado a través del FROB. Como señala Adam Tooze en un excelente artículo sobre la realidad de los mercados de deuda pública: “[…] En realidad, los mercados de bonos actuaron como sicarios, pero al hacerlo no desempeñaron tanto el papel de justicieros del mercado entregados al saqueo como el de escuadrones de la muerte paramilitares operando en connivencia con las autoridades. La débil estructura de la disciplina fiscal colectiva se vio complementada por la amenaza del terror de los mercados de bonos”. Junto a los fondos buitre, es decir, otros vehículos que utiliza la banca del sistema atlántico (en Madrid ya nos era conocida Blackstone, que compró al gobierno del PP el parque de vivienda pública madrileño en 2013), el otro sector ganador que está aprovechando la situación es el del capitalismo de plataforma: Amazon, Facebook, Google, están perfectamente preparados para aprovechar la demanda de consumo y de empleo y se configuran como grandes poderes decisorios sobre las orientaciones del capitalismo postpandemia. No sólo sortean el pago de impuestos, gracias a la libertad criminal de crear paraísos fiscales dentro la propia UE, sino que sus plataformas disponen de una fuerza de trabajo potencial casi inagotable, perfectamente chantajeable y vulnerable, mientras que su acumulación privada de datos sobre las personas, sus comportamientos, su movilidad y sus relaciones les convierte en la inteligencia artificial capitalista capaz de decidir y predecir (es decir, actuar sobre las opciones posibles y probables de los demás).

Tras el Consejo europeo del pasado 23 de abril, en el que se habló de la sustancia y la forma del Plan de reconstrucción o, para los más incautos, el nuevo “Plan Marshall,” los mapas empezaron a cobrar más sentido. Lo primero que llamaba la atención es el silencio casi total que dedicaron al Consejo los principales medios de comunicación, en particular los medios españoles. Algo extraño, puesto que, si se puede hablar de rondas, ésta se ha saldado con una derrota contundente tanto de la posición italiana como de la española. Esta va a ser una negociación larga —que, en estas condiciones de urgencia, es ya una primera victoria del statu quo— y con unos plazos en los que las partidas del plan no estarían disponibles hasta 2021, en el mejor de los casos.

Pero el silencio habla por los codos: ni hablar de coronabonos, ni del plan español de emisiones de deuda perpetua mutualizada como instrumento de financiación del plan. De esa manera, sólo quedan los instrumentos de uso corriente, combinaciones de subsidios y créditos a partir del presupuesto comunitario, dentro del Marco Financiero Plurianual de la UE y, por lo tanto, dentro de dimensiones que siguen siendo raquíticas respecto a las dimensiones de la recesión global. Pero quedaba un seísmo de cierta importancia: el Tribunal constitucional alemán de Karlsruhe se pronunció oportunamente el pasado 5 de mayo sobre el Public Sector Purchase Programme, el programa de compras de activos públicos del ECB, el principal instrumento que ha mantenido a flote el euro desde 2015, como consolidación de las medidas extraordinarias de compra de activos públicos y corporativos que, junto con el “whatever it takes” de Mario Draghi, evitaron la suspensión de pagos del gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2012. Lejos de ser un ataque frontal al PSPP, la resolución del tribunal de Karlsruhe alerta de la falta de proporcionalidad del programa de compras de activos, es decir, acusa al ECB y a la Comisión de estar incurriendo en una violación de sus competencias, de actuar ultra vires. Con no poca arrogancia, el tribunal da tres meses a Christine Lagarde para que acredite la proporcionalidad del programa de compras. La respuesta del principal acusado de prevaricación, el Tribunal europeo de justicia, no se hace esperar y replica de la siguiente manera: “El Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión”. Acto seguido, la Comisión europea anuncia un posible expediente de infracción ante el Tribunal europeo contra Alemania.

Entre tanto, esto supone un ulterior retraso de la presentación del “Plan de reconstrucción” por parte de la Comisión, que además plantea la modificación de las reglas de la competencia para permitir las nacionalizaciones temporales de empresas. Apurar el límite, esperar a ver quién salta antes del coche en marcha. Angela Merkel se dirige al Bundestag el pasado 5 de mayo; los fascistas de AfD llevan la voz cantante de la defensa de la “eternidad” de la Ley fundamental alemana, espoleada por el Tribunal de Karlsruhe en su último fallo sobre el PSPP: ”¿Qué dice usted a los críticos de esa decisión, que acusan al Tribunal constitucional federal de dividir Europa? ¿Divide Europa el Tribunal constitucional federal? ¿Divide Europa nuestra Ley fundamental?”. La respuesta de Merkel pudo tranquilizar a la opinión pública europeísta, pero nos equivocaríamos si pensáramos que responde a una posición de fuerza. Antes bien, es una posición de resistencia, dentro de su partido y dentro del sistema político y mediático de la Alemania unificada. Merkel apuesta por el euro y por la “solidaridad”, pero en modo alguno osa plantear el fin de la “soberanía fiscal” de la potencia capitalista alemana: “Mi tarea en este ámbito consiste en respetar la decisión. El Tribunal constitucional alemán ha dicho sobre el Bundestag y el gobierno federal exactamente lo que usted ha dicho. Nos toca tomar nota. […] Nuestra aportación tendrá una clara orientación europea. […] Pero nuestra aportación contribuirá a la persistencia de un euro fuerte”.

Ante este bloqueo, en medio de la necesidad de una respuesta urgente de la UE, podríamos pensar que las elites europeas se comportan como robots incapaces de modificar su propia programación, repitiendo automatismos insensatos, porque son incapaces de percibir en el ruido ambiental las señales de la cercanía del abismo. Sin duda es así en lo que atañe al grueso de los operadores financieros, bancarios y en el entorno de los altos funcionarios de economía y finanzas. En Alemania da la impresión de que se han impuesto las tesis ordoliberales sobre la expectativa de una recesión en forma de “V”, que aconsejaría no lastrar de endeudamiento público y privado la curva ascendente de la recuperación y sus repercusiones fiscales. También es normal que se impongan las tesis del actor más fuerte en todos los parámetros, del que puede permitirse una inyección de 156.000 millones de euros contra la pandemia y suspender su sacrosanto “freno de la deuda” porque, entre otras cosas, su tesoro no paga por financiarse, sino que cobra por colocar sus bonos. Del que puede además permitirse también rescatar y prácticamente nacionalizar a Lufthansa con una inyección de capital de más de 9.000 millones de euros. Pero con esto no explicamos el corazón del asunto. Lo que está poniéndose de manifiesto es que la constitución material de la UE actual, no sólo la formal, definida por los Tratados fundamentales, impide la formación de una voluntad capitalista coherente y eficaz. Por constitución material de la UE tenemos que entender las voluntades políticas fundamentales y sus finalidades en el proyecto europeo, es decir, las instituciones comunitarias y su autonomía relativa, los Estados miembros, los bancos y corporaciones vinculados a ellos y sus relaciones estratégicas de competencia y cooperación, de agonismo e interdependencia.

Si en los albores del proyecto de las comunidades europeas, el sentido tanto anticomunista como antifascista definió como su punto medio el llamado “modelo social europeo” dentro del mundo dividido por el Tratado de Yalta, desde la consolidación neoliberal de la UE a partir del Tratado de Maastricht en 1993 las fuerzas de la constitución material de la UE han cambiado: el único consenso sólido y duradero ha sido el de la constitución de un Grossraum financiero y comercial con fronteras exteriores comunes y una división regional del trabajo que sanciona las desigualdades internas entre las clases subalternas de los países miembros, así como la hegemonía incuestionable de Francia y la Alemania unificada.

Tuvo que llegar la crisis financiera y económica de 2008 para que el consenso de las fuerzas de la nueva constitución material empezara a resquebrajarse y, como la dirección de los acontecimientos desde entonces parece indicar, a toparse con un límite absoluto que sólo permite dos opciones fundamentales: la regresión o la disolución. Las fuerzas de la constitución material de la UE pueden aceptar el neoliberalismo autoritario del grupo de Visegrado o la respetabilidad del austrofascismo en las fórmulas de gobierno; pueden aceptar incluso el Brexit y el peso determinante de las extremas derechas en las instituciones nacionales y europeas. Pero no pueden aceptar una unión fiscal que de pasos irreversibles hacia un sistema federal con un centro de gravedad propio.

Desde que el movimiento obrero oficial desapareció de la formación del interés nacional, a ninguna elite financiera, patronal o de la burocracia nacional le interesa la desaparición de las fronteras fiscales y de ciudadanía, que permiten controlar la movilidad de la fuerza de trabajo, explotar los diferenciales de renta y de derechos sociales y restringir el ejercicio de los derechos políticos a un ámbito nacional que, cuanto menos pesa en la regulación de los movimientos del capital, más veneración teológica recibe de los nuevos fascismos y de las ilusiones rojipardas de un socialismo nacional. Por eso nuestro pronóstico no es halagüeño: el bloqueo actual sobre el “plan de recuperación” sólo se resolverá con un desgarramiento interno de la gobernanza de la UE, que a su vez avivará el fuego del malestar social y político provocada por la nueva acumulación primitiva de poder y capital tras la pandemia del coronavirus.

La crítica de la razón europea no puede seguir aceptando el sueño dogmático, el progresismo banal que espera que, en el último instante, los epígonos de los padres fundadores aparezcan en escena para salvar el proyecto europeo. Algo de ello se ha visto tras el anuncio, pocos días después del fallo del Tribunal constitucional alemán, de la iniciativa conjunta franco-alemana de creación de un fondo de medio billón de euros, que debería sumarse al Plan de reconstrucción de la Comisión. De nuevo: unidad, cohesión, solidaridad, más Europa. De nuevo, en las palabras de Merkel del pasado 20 de mayo se expresa la imposible conciliación entre la solidaridad europea (“Europa tiene que actuar conjuntamente, el Estado nación por sí solo no tiene futuro. Lo digo para Alemania: a Alemania sólo le irá bien a largo plazo si a Europa le va bien, eso está completamente claro —desde luego en lo que atañe a la paz y a la economía y el bienestar”) y las estructuras nacionales del poder estatal de clase (“Así que esto es lo determinante: un Fondo de reconstrucción de este tipo tiene que tener un fundamento jurídico seguro, y asimismo tiene que reflejar la autonomía presupuestaria de los respectivos parlamentos nacionales”). En las tensiones que sacuden Alemania se expresan las contradicciones insolubles de la estructura de poder neoliberal en la UE. Para comprobar las diferencias de intensidad de esta crisis respecto a la crisis de la deuda pública de 2010-2015, resulta elocuente comparar la actitud del considerado halcón jefe de la derecha ordoliberal alemana, Wolfgang Schäuble. El mismo Schäuble que con pulso firme —a diferencia del histrionismo sádico del entonces jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tan bien retratado por Varoufakis en su libro-crónica Adultos en la sala— aplicó con sangre fría el tratamiento griego, respaldaba el pasado 24 de mayo los planes de Merkel afirmando que: ”[…] Más préstamos a los Estados miembros habría sido tirarles piedras en lugar de pan, porque varios de ellos ya están fuertemente endeudados […] En lugar de ello, la Comisión Europea liderará la reconstrucción económica de Europa”. Enfrente no sólo están los gobiernos de los “cuatro frugales” (Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia), que han presentado su “plan alternativo” basado en los “créditos con facilidades” a la vieja usanza, pero sin “incurrir en riesgos”, sino que lo que está en juego es la confianza misma del sistema de poder financiero y corporativo europeo en el futuro de la mutualización de riesgos y sus consecuencias. Están en juego en cada país los privilegios y las jerarquías que vinculan a las clases medias rentistas (ahorradoras, propietarias, envejecidas) con las oligarquías financieras y corporativas. Vínculos de hegemonía que han funcionado hasta ahora, con la excepción de las crisis profundas de esa hegemonía en España y en menor medida en Portugal, Grecia e Italia.

Las nuevas condiciones de la protesta y del antagonismo. Límites y problemas

Hay un dato problemático que constituye el principal obstáculo de la política a la altura de estos tiempos. Podemos resumirlo de la siguiente manera: la multiplicación de conflictos tiene que romper con las estructuras y sistemas de gobernanza para poder producir un nuevo sujeto múltiple, pero capaz de actuar como una sola mente. En medio de la violencia objetiva de la recesión y el caos ecosistémico, el paso mismo del tiempo es un chantaje para cualquier lucha parcial aislada o sectorizada. Antes bien, se hace necesaria la construcción de un sistema de contrapoderes en red para poder imaginar acaso alguna forma de negociación para la consecución de objetivos comunes.

Volviendo al Reino de España, el golpe de los acuerdos del Eurogrupo se ha notado en los actos del gobierno Sánchez, sobre el que ha obrado como una orden de cambio de paso. La bipolaridad inicial entre las dos caras de la coalición, la social y la “de Estado”, se ha decantado claramente por el “sentido de Estado”. Lo único que mantiene unido ya a este gobierno de coalición es el coste de oportunidad inasumible de romperlo. La ópera bufa de los nuevos “Pactos de la Moncloa” ha quedado en eso, en un entretenimiento en el que quizás tan sólo creyera  mosén Enric Juliana, pero que no pretendía nada más que ganar tiempo y contrarrestar la construcción del clima golpista por parte de Vox y sobre todo del PP, que sería el gran beneficiado de una crisis de gobierno. Sin embargo, el balance de costes de oportunidad para los dos grandes pilares partidarios del régimen constitucional dista de estar claro. Para el PSOE, modalidades de gran coalición para gestionar programas de austeridad son una vía segura hacia la pérdida de millones de votos, donde muchos de ellos podrían regresar a UP; y otro tanto sucede con el PP, que los perdería para la abstención y para Vox e incluso daría una bonus life a lo que queda de Ciudadanos. Para bien o para mal, la vuelta al bipartidismo en cualesquiera de sus fórmulas es algo improbable, y menos aún en medio de una recesión mundial sin precedente alguno y con una respuesta europea que muy probablemente reforzará el veneno de la austeridad bajo figuras distintas de las del pasado ciclo, pero igualmente portadoras de violencia sistémica.

Pensemos en el corto plazo: el escenario que se ha construido en las últimas semanas es el de la “emergencia económica” por encima de la “emergencia sanitaria”, donde el derecho a la vida y a la salud queda subordinado a la reproducción del poder de la clase oligárquica sobre los medios de producción de la vida. En medio de la incertidumbre y el clima infotóxico sobre los plazos y las modalidades de  la “vuelta a la normalidad”, lo que se viene llamando la reactivación económica presenta ya unos parámetros generales definidos: control de las dimensiones de la miseria social (tal es el objetivo, retóricas aparte, del Ingreso mínimo vital, estandarte de la vicepresidencia de Pablo Iglesias), en un cuadro de desempleo masivo, desbordante, imposible de absorber a corto plazo en el marco de las condiciones del Eurogrupo; degradación generalizada de los niveles salariales, acompañada de una dualización aún más exacerbada si cabe de los estatutos del trabajo asalariado y del trabajo autónomo.

De este modo, no hace más que reforzarse la estructura jerárquica fundamental triádica entre a) las clases medias asociadas al Estado, esto es, funcionarios, empleo público por oposiciones, cargos directivos de empresas y bancos; b) contratos salariales y falsos autónomos regidos por la reforma laboral vigente, en la que en la práctica sigue en vigor el despido libre, por el otro; y, por último, c) la galaxia del trabajo informal semiesclavo en los cuidados a las personas, el trabajo doméstico y una franja creciente de la hostelería, el turismo, el transporte, la logística y la construcción. A esta clasificación tenemos que añadir un subconjunto transversal, pero políticamente determinante, como es el de las y los pensionistas contributivos. Es un subconjunto transversal de la estructura jerárquica, pero particularmente sometido al chantaje estatal de la solvencia y al chantaje financiero de la austeridad. Por decirlo gráficamente, el abismo entre el Norte y el Sur y entre el Este y el Oeste de Europa saldrá de esta crisis pandémica ampliado a distancias que hacen impensable cualquier convergencia de los niveles de vida y bienestar en una o dos generaciones. No future.

En las condiciones de sociedades como las del sur de Europa, cada vez más envejecidas y con un éxodo migratorio de la juventud trabajadora, una situación demográfica que ya era dramática como consecuencia de la oleada de austeridad desde 2010 no hará más que empeorar: con el ensanchamiento de las oportunidades de trabajo entre Norte y Sur, cabe esperar una nueva oleada migratoria que será sencillamente devastadora para la llamada “España vacía” y, por lo demás, un signo ominoso sobre cualquier hipótesis de desarrollo independiente español o de devaluación interna recuperando la peseta y apostando por las exportaciones competitivas.

El problema de Unidas Podemos en esta situación queda perfectamente reflejado por el episodio tragicómico del pasado 20 de mayo y el pacto parlamentario entre PSOE, UP y EH Bildu para la derogación de la vigente ley de reforma laboral, hija legítima de la Troika y nacida en 2012, bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Apenas una horas después del anuncio del pacto, el propio PSOE anunciaba que no iba a cumplirse el primer punto, es decir, la derogación íntegra e inmediata de la ley que, recordemos, supuso una voladura de las pocas garantías que quedaban en el Estatuto de los trabajadores en términos de facilitación del despido, precarización extrema de los contratos y eliminación de la negociación colectiva. La portavoz de la oligarquía financiera española y europea, la ministra Nadia Calviño, habló claro y afirmó que “[…] sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos”. No habrá derogación, pues. En la situación de estado de alarma y de catástrofe social inminente, Unidas Podemos se ve ante la alternativa de retirar su apoyo a Pedro Sánchez y salir del gobierno, abriendo una crisis política que, en ausencia de luchas y movimientos activos en esta coyuntura, podría tener consecuencias funestas. Como quiera que sea, queda demostrado que, ni siquiera ante la peor catástrofe social en muchas décadas, la regla de la ganancia y del poder de clase puede vulnerarse, so pena de una autodemolición de la mayoría reformista en el gobierno.

La división en dos como condición de una democracia antagonista

La pandemia se ha interpretado como una guerra, también como una amenaza para todos los nacionales o toda la humanidad. La pandemia ha sido el instrumento de una unificación forzada de toda la población en torno al Estado, que a su vez ha cobrado la forma de un mando unificado, sobre todo en el Reino de España. Las disputas públicas entre los partidos y sus periodistas no ponen en tela de juicio el Uno, sino quién ha de ocupar su cabeza. Sin embargo, ni la fuerza de la ley ni la fuerza mayor pueden impedir que el Uno se divida en dos. Comprobamos de nuevo que en la política y en la sociedad no existe el vacío: sólo existe (por poco tiempo, por lo que se llama un kairós) una situación no determinada que se disputan fuerzas compuestas, afines y contrarias, y en la que se imponen aquellas que consiguen decidir y determinar la situación, enunciar un posible nuevo y prefigurar con hechos y palabras su construcción en la lucha, en la que llevan la ventaja de haber definido la situación a su favor donde antes había un vacío político. 

El Uno de esta (des)movilización por la vida (una vida que desde el Estado y desde sus patronos y oligarcas se concibe como vida sin atributos, la pura vida biológica, fuerza de trabajo), lleva escindiéndose en dos desde el momento en que los gobiernos, la fuerza de la ley, ordenan e imponen un comportamiento igual para una sociedad desigual, una obligación igual para poblaciones que no tienen los mismos derechos, los mismos recursos, las mismas rentas y salarios, las mismas cuentas bancarias, las mismas propiedades, las mismas condiciones para cuidar y ser cuidados. A nada tienen más miedo que a que el Uno se divida en dos. Por eso es primordial imponer el Uno opresivo y paralizante cuyo contrario es el pánico y la muerte acechante; el Uno militarizado de la retórica de la guerra; el Uno hipócrita de la nación y la patria; el Uno fascista de la inmunidad del rebaño frente a la amenaza extranjera.

Si dejamos de lado el quid de la propaganda golpista de la extrema derecha española, europea y global, que presenta un Uno nacional homogéneo, un cuerpo único inmunitario de la nación, traicionado por oscuros individuos al servicio de una conspiracion globalista, comunista, judeomasónica, musulmana, etc., tenemos que plantearnos el siguiente problema: hace falta construir un dos para que el Uno totalitario del poder de clase y del autoritarismo estatal se resquebraje ante lo múltiple de las fuerzas del trabajo y su capacidad de construir un común democrático, durante y más allá de la crisis pandémica. 

El dos es necesario, porque el dos es la condición de la diferencia, el dos contiene lo múltiple en su lado antagonista. El dos, pero sólo en tanto que contrapuesto al Uno, contiene multiplicidades además de antagonismos. En las condiciones en las que nos encontramos, no es suficiente con presentar una multitud de diferencias y de reivindicaciones frente al Uno del mando único de la (des)movilización por la vida. Veamos por qué: en una (des)movilización por la vida como la que sufrimos, las diferencias y las reivindicaciones de sectores afectados son consideradas como información logística, como variables sobre las que intervenir o como anomalías y desórdenes que hay que neutralizar o destruir. En la (des)movilización por la vida, la gobernanza no tiene la flexibilidad que convierte demandas sociales en figuras de mercados expandidos y en empresas del “mercado social”, sino que cobra la forma de una transmisión de información de arriba a abajo que permite modificar los planes de maniobra de un Estado mayor: aprovisionamiento, desplazamiento de recursos, diagnóstico del malestar en las tropas y en la población del territorio.

Dicho de otra manera: no cabe ilusión alguna de que la forma actual de la protesta social, sectorizada, burocratizada, competitiva por la atención y los recursos, consiga ni siquiera satisfacer las propias demandas. En el tiempo del racionamiento de recursos fiscales escasos (por decisión política de las oligarquías de la clase capitalista europea), sólo se recompensa la obediencia y el silencio, la complicidad y la colaboración con el Estado y los patronos. Sólo formas de contramovilización general convergente pueden interrumpir el funcionamiento del mando único estatal. Sin duda la huelga general es una de ellas, pero sin propósito, sin autoridad (de la que carecen por completo los sindicatos mayoritarios), la huelga general puede ser también un paso atrás y un bloqueo del camino de la necesaria contra movilización en el sentido del dos antagonista de la sociedad subalterna. Autoridad y objetivos convergentes de un interés de clase que se forma en las luchas, que construye la fuerza y la pertenencia de clase en las luchas del dos.

Recordando las experiencias del ciclo pasado, la forma convergente de las mareas es otra figura fundamental, siempre que la entendamos en su sentido primordial, es decir, no como un nombre de las coordinadoras sindicales de toda la vida, sino como el nombre de una institución de lucha y contrapoder gobernada de forma democrática y asamblearia, formada por todos los actores que construyen la relación de cuidado, de enseñanza, de sanidad, etc.

Sin embargo, esto no significa que lo particular, lo singular, se subordine a lo general. Además: ¿quién encarna o representa lo general, los mismos de siempre? Si esta es la conclusión que se saca del planteamiento de la división antagonista en dos del Uno de la (des)movilización general, entonces no se ha entendido nada. No: el dos no es nada sin las diferencias de y entre las clases subalternas, vive de lo particular y de la singularidad, pero siempre que estas respondan a un dinamismo de construcción común, de cooperación en las luchas del dos, y siempre que estas converjan en repertorios de contramovilización general que expresen la fuerza destituyente y el contrapoder compuesto de un dos antagonista. Por eso no cabe contraponer estáticamente las redes de apoyo mutuo en los barrios, por ejemplo, a las mareas y los enjambres convergentes de una huelga por la renta de emancipación o de la huelga de alquileres; o no cabe contraponer estáticamente la urgencia de una revolución fiscal, laboral y ética en la sanidad española con la construcción de la fuerza de choque convergente que derrote a las patronales sanitarias y farmacéuticas y sus políticos y periodistas. ¿Cómo se ordena un proceso semejante, cómo se regula y se deciden los tiempos y las prioridades? ¿Es necesario un comité supremo de la huelga general y de los calendarios de lucha? Estas son preguntas que parecen razonables, pero que están llenas de trampas y sofismas.

La figura del dos contrapuesto al Uno sigue interpretándose como homogeneización de lo múltiple, como sacrificio de las diferencias y las asimetrías de las clases subalternas, como asimilación de las minorías por parte de la mayoría. Aquí la dialéctica del dos antagonista exigiría, como un tributo a la victoria en la Historia, la reducción a un uno simétrico de las singularidades que componen el dos. La clase obrera industrial y cisheterosexual, los funcionarios y trabajadores públicos capacitados, las clases medias preparadas y progresistas: unas y otras variantes proponen una figura dominante que sirve de patrón y de métrica de las jerarquías y las asimetrías internas del dos (del uno simétrico al Uno del Estado). Esto no sólo es un error desde el punto de vista de las composiciones de clase, raza y género en Europa, puesto que no existe esa figura central salvo en la forma del privilegio colonial y/o de la pertenencia al bloque orgánico de las clases medias del Estado, sino que es también un error porque no funciona, porque los subalternos no quieren ser gobernados en sus luchas, las luchas sólo funcionan desde el autogobierno y la búsqueda de la simetría cuando la asimetría responde al privilegio colonial, patriarcal y de clase.

En este sentido, podría preguntarse; ¿qué viene antes, el dos o las multiplicidades? No, no es buena pregunta: aquí “dos” y “multiplicidades” son los aspectos, los atributos de un devenir constitutivo. El dos expresa el punto de vista antagonista al Uno de la forma Estado de la (des)movilización por la Vida; las multiplicidades expresan el bullicio y los agonismos en la multitud abigarrada de las clases subalternas.

Sin embargo, es necesario encontrar y poner a prueba, aquí y ahora, en los territorios que forman Europa, métodos y objetivos que hagan factible esta emergencia en la situación actual, en medio de la incertidumbre ecosistémica, a pesar del terror que las elites opondrán a todo intento de dar un giro emancipatorio a la situación, siendo capaces de contrarrestar la particularización del miedo y la inseguridad, en la que cunden las soluciones racistas y se legitiman los proyectos de régimen de apartheid en Europa, en tanto que reajuste neocolonial y fascista en la crisis terminal del proyecto neoliberal europeo.

Cómo ingobernar la crisis pandémica del neoliberalismo autoritario

Partiendo de esta hipótesis de la división en dos, como figura de la condensación de contradicciones y antagonismos sincrónicos (millones de personas sin futuro ni seguridad alguna, condenadas a morir o malvivir en la superexplotación de sus vidas) y diacrónicos (la intensificación de las luchas de clases en España y en Europa desde la secuencia que se inicia en 2011), vamos a describir las proposiciones fundamentales que pueden dar como resultado una ruptura emancipadora o, dicho de otra manera, pueden hacer que esta enésima crisis sea ingobernable. 

1) puesto que el territorio político y productivo de esta crisis es Europa (y no vale la pena perder más tiempo en explicarlo), la unidad de referencia de las luchas y los antagonismos del dos es Europa. Del mismo modo que enumeramos las luchas y los conflictos y los remitimos al conjunto “Estado español”, todas las luchas locales, regionales y nacionales son luchas que se dan en el diagrama europeo y se evalúan a esa escala de relaciones y de eficacia. En este sentido, los objetivos pueden y deben alcanzarse a escala europea; cualquier “conquista” regional o nacional sólo puede considerarse un primer paso, frágil y susceptible de producir contraefectos negativos, como resultado de la manipulación nacionalista de las diferencias en los niveles de vida de las clases subalternas europeas, del mismo modo que las diferencias de renta y bienestar entre las comunidades autónomas españolas sirven para dividir a las clases populares en torno a las hegemonías españolistas o vasquistas y catalanistas.

En la crisis de la deuda pública europea que se inicia en 2010, la unidad de acción de las elites políticas y financieras impuso una estructura norte/sur y centro/periferia en la dinámica del conflicto entre necesidades sociales de cada Estado miembro y políticas de austeridad. Esta unidad era la misma que cerró en falso el proceso institucional de la UE tras el fracaso del Tratado constitucional europeo en 2004-2005, la que entonces incubó a su vez el exploit del soberanismo por parte las extremas derechas europeas. Hoy, sin embargo, esa unidad se ha roto por largo tiempo, ya que ninguna de las opciones de gobernanza que se abren en y tras la pandemia van a ser capaces de construir un bloque monolítico como el que masacró a Grecia en 2010-2015. La geometría que se abre puede permitir bloques regionales, alianzas transversales, intersticios en los que iniciativas de lucha autónoma procedentes de varios países y territorios pueden construir centros de gravedad transeuropeos. Aún no sabemos cómo se resolverá el problema de familia entre el neoliberalismo europeo y los partidos de extrema derecha europea. Lo decisivo es que los centros de gravedad de las luchas intervengan antes de que ese problema se resuelva, antes de que se reconstruya una Santa Alianza. Un cierto progresismo estólido podría decirnos que lo que hay que hacer es todo lo contrario: seguir aliándose con el centro derecha para evitar que éste una su destino a las extremas derechas por el sempiterno odio a la multitud aka “pánico anticomunista”. Pero esa es precisamente la receta que nos ha llevado hasta aquí.

Las condiciones y las consecuencias de la pandemia tienen que servirnos para dejar de lado las ilusiones nacionalistas y soberanistas, esto es, la idea de que se pueda derrotar a la propia oligarquía capitalista en un solo país, y de que un Estado nacional pueda enfrentarse a la gobernanza europea sin hacer pagar un precio terrible a sus clases populares no vinculadas orgánicamente al Estado. Al mismo tiempo, la pandemia pone de manifiesto los isomorfismos que recorren Europa de un territorio a otro: en todas partes se impone la primacía de la ganancia y el poder de clase sobre las vidas que trabajan para poder comer y reproducirse. Las condiciones para la convergencia europea de las luchas y las iniciativas están dadas;

2) los principales objetivos de las luchas son la obtención de una renta básica de emancipación (individual, universal e incondicional) y el reparto del trabajo a igual salario; la socialización del dinero (antes conocida como “nacionalización de la banca”) y la socialización comunal (democrática, local, transeuropea) de lo que tenemos que llamar el sector 0 de la producción o sector común, es decir, la sanidad, la vivienda, la educación, la agricultura no especulativa, la producción energética, la investigación científica y las infraestructuras de telecomunicación, así como los datos que todos producimos. De lo que se trata es de garantizar (por la ley de la fuerza hecha fuerza de ley) cotas crecientes de reproducción autónoma de las clases populares en actividades no vinculadas a la producción de guerra y de calentamiento global. Esa garantía no puede ser estable, no puede constitucionalizarse, no puede alumbrar un New Deal con un capitalismo agotado, pero al menos puede persistir, resistir, y eso ya es mucho. Los efectos que un proceso de luchas de este tipo puede tener en la situación europea, con la condición de que alcancen grados de simultaneidad, densidad, extensión y coordinación, sólo pueden ser positivos y, además, constituirían de suyo un acontecimiento inédito en la historia europea.

En 1943, en medio de la Segunda Guerra mundial, lo que Michal Kalecki escribía en Aspectos políticos del pleno empleo sigue siendo fundamentalmente válido, y lo que en su texto hace referencia al pleno empleo o a la subvención del consumo podemos aplicarlo ahora a la renta básica de emancipación o al reparto del trabajo. Entonces como ahora, se cumple el axioma de que el poder de clase está por encima de la ganancia, y que un núcleo de irracionalidad y fascismo opera en la estructura de poder del capitalismo mundial:

“[…] cabría esperar que los dirigentes empresariales y sus expertos estuvieran más a favor de subvencionar el consumo de masas […] que la inversión pública; subvencionando el consumo el gobierno no se estaría embarcando en ningún tipo de empresa. Sin embargo, en la práctica no es lo que sucede. Antes bien, estos expertos se oponen mucho más violentamente al consumo de masas que a la inversión pública. Lo que está aquí en juego es un principio de la mayor importancia. Los cimientos de la ética capitalista exigen que “ganes el pan con el sudor de tu frente” —salvo que dispongas de medios propios”

De hecho, bajo un régimen de pleno empleo permanente, el «despido» dejaría de jugar su papel de medida disciplinaria. La posición social del patrono se vería socavada, mientras que la confianza en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría. […] Pero los dirigentes empresariales aprecian más la «disciplina en las fábricas» y la «estabilidad política» que las ganancias”.

2) el sistema dinámico de contrapoderes que se crea en la expresión de antagonismo del dos precisa de instituciones capaces de mantenerse en el tiempo, de reapropiarse de la gestión y las finalidades de la producción y de condicionar de manera determinante la transición a un modo de producción del común, partiendo de ese “sector 0”, del sector que produce lo humano a través de lo humano en un medio ecosistémico. ¿Qué papel puede jugar aquí la acción legislativa o ejecutiva en los ámbitos nacionales o en el plano europeo? Preguntar esto después del fiasco del citado intento de derogación de la reforma laboral de 2012 facilita la respuesta: puede jugar el papel de reconocer la ley de la fuerza, puede sancionar lo conquistado. La naturaleza de esta crisis profundiza, radicaliza el problema que ya se planteó en el anterior ciclo de luchas contra la austeridad: cualquier reforma real cobra valencia revolucionaria; en la práctica, un proceso de cambio radical comienza con reformas que no se cierran en una regulación estable, sino que, por efecto mismo de la naturaleza profundamente política, de clase, de esta nueva recesión, lo que prima es el sometimiento, la desmoralización, la afirmación del poder de clase del capital como universal mediador y condicionante de la vida humana, por encima de toda estabilización resultante de un pacto, de un Deal;

3) el antagonismo del dos en la contramovilización permanente no puede dejar de dividir en dos y de neutralizar políticamente la recomposición de las clases medias en torno a los objetivos de reproducción de la alianza de renta y propiedad en el Estado. Dicho de otra manera, el antagonismo del dos implica un protagonismo popular que disgrega y pone en crisis la hegemonía (de palabra, de presencia, de finalidades, de liderazgos) de la clase media que fía su suerte al Estado financiarizado de la renta parasitaria. Esta es la principal tarea de la construcción del dos y sin duda la más difícil. Seguridad contra seguridad, confianza contra confianza, creencia contra creencia (crédito). Tan sólo tenemos que pensar, en el caso español, en los casi 10 millones de pensionistas y en la capacidad de chantaje y terror de la que disponen el Estado y el sistema financiero, en su capacidad de enfrentar a las generaciones, de impedir las transformaciones por el miedo al desamparo y la muerte.

Si en el pasado ciclo de austeridad no se consiguió echar por tierra la idea de que “la riqueza escasea”, salvo en irrupciones como el 15M, y no por mucho tiempo, ¿volverá ahora a imponerse esa idea, a pesar de que esta década ha servido para ensanchar hasta lo inconcebible la concentración de capital y propiedad? ¿Va a seguir sirviendo la noción de escasez, de “no hay para todos”, como pretexto interiorizado por las clases subalternas que consienta el restablecimiento de las jerarquías y las divisiones de género, raza y clase mediante el uso de las políticas fiscales, sociales y salariales? Ha vuelto el momento de agruparse en torno a lo que en los años sesenta estadounidenses se conoció como la “estrategia Cloward-Piven”. Cuando se habla del New Deal estadounidense se suelen olvidar dos cosas fundamentales: que sólo se tradujo en una redistribución de la riqueza durante la Segunda guerra mundial y que, desde los años Treinta hasta su declive a principios de los Setenta, no sólo no cimentó la unidad de las clases trabajadores, sino que reprodujo activamente las líneas jerárquicas de raza y género dentro de su composición, y en esa medida no dejó de ser un dispositivo de segregación, de reproducción de las divisiones internas de las composiciones de clase conforme a las líneas patriarcales y de colonialidad. Cuando escriben su propuesta, las activistas Frances Piven y Richard Cloward se enfrentan al uso político capitalista del welfare proponiendo otro uso político emancipador: la saturación del sistema segregador con demandas sobreabundantes, al objeto de forzar la universalidad real, la renta garantizada universal que derribe los muros de separación de clase con arreglo la raza y el género, que permita acabar con la pobreza sistémica.

Esto es algo que ya llevan practicando en el plano del acceso universal a la sanidad redes como Yo Sí Sanidad Universal, y que ahora vuelve a cobrar una importancia decisiva. Otro tanto cabe decir respecto al Ingreso Mínimo Vital y a todas las leyes de rentas mínimas existentes, condicionadas, insuficientes, no individuales, reproductoras de la pobreza en tanto que dispositivo de segregación y miedo en las clases medias. No puede haber rentas básicas individuales, universales e incondicionales si reproducen las líneas de género, clase, raza y nación de su uso capitalista. O, dicho de otra manera, sin atacar las segregaciones internas de las composiciones de clase, es decir, sin luchas interseccionales reales y efectivas, no podremos conquistar rentas básicas de emancipación ni conseguir el reparto del trabajo a igual salario. La lección fundamental del enfoque de Piven y Cloward sigue siendo actual.

Hay algunas nociones claras en esta situación. Si no arrancan las luchas llegará el shock autoritario. Si las luchas no construyen el dos predominará la guerra entre pobres, razas y generaciones. Si no instituimos contrapoderes en Europa no cabe siquiera imaginar gobiernos diferentes. Si el dos europeo no se presenta en sus distintos tiempos y singularidades, añoraremos aún más el siglo XX.

Esta vez la enunciación capitalista lo tiene mucho más difícil para construir el terror psicológico que somete al “hombre endeudado”, para hacer interiorizar a los subalternos la culpa de su querer vivir. Entramos en un periodo en el que la fuerza mayor es el principal apoyo de la fuerza de la ley. Pero en ese antagonismo de fuerzas, sigue vigente lo que escribió el autor del Capital: “Así, pues, aquí se presenta una antinomia. Derecho contra derecho, ambos equitativamente sellados por la ley del intercambio. Entre derechos iguales, decide la fuerza”.


[1]  Miembro de fundaciondeloscomunes.net. @sanchezcedillo.

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